Abuso Policial

El sábado 20 de octubre a las 22:30 horas aproximadamente, los periodistas Gerardo Rojas -de "e-consulta"- y Jesse Brena -de "Milenio"- fueron privados ilegalmente de su libertad y asaltados por cuatro elementos de la Policía Estatal Preventiva. Los elementos de seguridad pública detuvieron a los citados ciudadanos argumentando que habían cometido una falta administrativa en la vía pública y que por lo mismo iban a ser remitidos al Ministerio Público.
Al subirlos al vehículo policial les obligaron a llevar la cabeza agachada. Cuando Gerardo Rojas y Jesse Brena se identificaron como reporteros, uno de los policías les comentó que peor les iría y que con ellos se iban a desquitar.

Después de privarlos de su libertad y en lugar de ponerlos a disposición de autoridad competente, se detuvieron en las cercanías de Ciudad Judicial donde les quitaron sus pertenencias, los bajaron de la patrulla y les aventaron sus carteras vacías.

Esta agresión fue denunciada en la Agencia del Ministerio Público Delegación Centro, donde quedó radicada con el número de averiguación previa 5877/2012 por el delito de abuso de autoridad cometido por cuatro elementos de la policía estatal preventiva.

Los actos señalados y denunciados no deben ser tolerados pues van en contra de la dignidad de la persona, de los derechos humanos y garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero además atentan de forma directa al desarrollo y construcción de un Estado Democrático y Constitucional.

No podemos permitir que ningún ciudadano sea tratado de una forma degradante por una autoridad pública y de ninguna manera podemos tolerar actos de la policía o de elementos de seguridad pública en contra de ciudadanos, abusando de su poder y con el único fin de atropellar sus derechos y causarles daños físicos y patrimoniales.

La situación genera indignación si tomamos en consideración que quienes tienen la obligación de proteger y cuidar a los ciudadanos y a quienes el Estado faculta para perseguir delitos y delincuentes, son quienes muchas veces cometen actos violentos en contra de la sociedad, convirtiéndose ellos así en delincuentes también. Pues es claro que de acuerdo con el Artículo 419 fracción II del Código de Defensa Social para el Estado, "Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare"; tal como en el caso ocurrió cuando privaron de su libertad y despojaron de sus pertenencias a los reporteros Gerardo Rojas y Jesse Brena.

Por todo ello, algunos diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado presentamos en la pasada sesión ordinaria del día 23 de octubre un Punto de Acuerdo en el cual se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado para que, en ejercicio de sus facultades, investigue y sancione los presuntos delitos consignados en la averiguación previa 5877/2012, separe de sus cargos a los elementos de seguridad pública que llevaron a cabo este atropello y de asesoría y apoyo a las víctimas del delito.

La proposición con el Punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en donde deberá ser analizada y en su caso aprobada lo más pronto posible para que todo el Congreso lo pueda votar. De cualquier forma, la exigencia a la Procuraduría no puede esperar y está hecha desde ya. Una investigación pronta, expedita, contundente, es lo mejor para el propio Gobierno en general y para la Procuraduría en particular.

Nadie por encima de la ley. Ojalá.

Al margen y al calce

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla desechó el recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del registro al partido local "Compromiso por Puebla". Por congruencia, el PAN deberá apelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La decisión la tiene el CEN y no puede estar sujeta a acuerdos políticos. Recordemos que la Política está regida por la Ética. Desde luego, sería un despropósito que alguien estuviera pensando en aliarnos con esa franquicia.

Y yo estoy de acuerdo en abrir a la participación ciudadana organizada y a la academia el proceso para evaluar a los aspirantes a la CAIP.